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2/16/2007
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24 Comments:
Inscripción automática y voto en el extranjero
El presidente (S) del PPD, Ángel Bozán, llamó ayer al Parlamento, al Gobierno y a los distintos partidos políticos a legislar con “rapidez y prontitud” sobre la inscripción automática en los registros electorales para que los jóvenes no siguieran quedándose al margen en las discusiones políticas. “La sociedad y el país lo construimos entre todos y hay cerca de tres millones de chilenos que deberían decidir y no estar al margen”. Según Bozán, lo anterior se debe a que existe un modelo de inscripción en los registros electorales “antiguo, engorroso y poco moderno”.
Consultado sobre la posibilidad de introducir un sistema de voto voluntario, Bozán se inclinó por uno de tipo obligatorio, argumentando que “hay que hacer sacrificios. No se vota todos los días”.
Junto con ello, planteó que es momento de legislar para que los chilenos que viven en el extranjero (cerca de un millón) puedan estar inscritos y votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. “De esta forma -dijo- vamos modernizando nuestro sistema político y sobre todo integrando a las nuevas generaciones”.
http://www.milenio.com/
18 de Febrero
11:23| Recibe viuda de Pinochet pensión de cuatro mil 600 dólares
Lucía Hiriart también obtiene unos 4,600 dólares mensuales por parte de la Caja de Previsión de la defensa Nacional que corresponden a la pensión del ex gobernante.
Santiago.- La viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, cobró un seguro de vida del fallecido general en retiro por alrededor de 37 mil dólares y recibe unos cuatro mil 600 dólares mensuales correspondientes a la pensión del ex dictador chileno.
Un reporte del diario La Tercera señaló que la familia del fallecido ex gobernante de facto tiene previsto reunirse a finales de febrero en la parcela de descanso de Pinochet, aunque sin que tenga previsto hablar sobre la herencia del ex senador.
“En el entorno de los Pinochet Hiriart sostienen que la reunión se agendó aprovechando que los miembros de la familia regresarán de vacaciones. Los mismos personeros añaden que en el encuentro no planean abordar la forma en que se definirá la herencia”, precisó.
El hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet Hiriart, señaló al rotativo que “eso (la herencia) lo van a ver los abogados, no podemos adelantar nada hasta que por lo menos llegue marzo”.
La nota señaló que hasta ahora sólo Hiriart recibió 20 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 37 mil dólares, “por el cobro de un seguro de vida que el fallecido general en retiro mantenía en la Mutualidad del Ejército y la Aviación”.
El reporte indicó que Hiriart “también obtiene 2.5 millones (unos cuatro mil 600 dólares) mensuales por parte de la Caja de Previsión de la defensa Nacional (Capredena) que corresponden a la pensión de Pinochet”.
Recordó además que “buena parte de la familia” ya se había reunido el 30 de enero pasado en una misa privada realizada en la parcela de Los Boldos, en la localidad de Bucalemu, la cual era el lugar favorito de descanso del ex dictador.
“Tras la muerte de Pinochet (el pasado 10 de diciembre), su viuda ha permanecido gran parte de su tiempo en la parcela de Los Boldos”, sostuvo La Tercera al precisar que sus hijos “suelen turnarse para acompañarla”.
¡Atención Pueblo PPD! ¡Atención Ciudadanos!
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El Mostrador - Providencia,Chile
21 de Febrero de 2007
Francia: Juez abre puerta a primer juicio contra dictadura de Pinochet
Tribunal de París juzgará a 17 colaboradores del régimen militar por la desaparición de cuatro franceses. Entre los imputados se encuentra el ex jefe de la DINA Manuel Contreras.
Una juez francesa ordenó este miércoles el juicio por el Tribunal de lo Criminal de París de 17 colaboradores de Augusto Pinochet por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura militar.
Los acusados, todos chilenos salvo un argentino y casi todos militares, están imputados por arresto y secuestro acompañados de torturas o actos de barbarie, o por complicidad en estos delitos, y serán juzgados previsiblemente en rebeldía.
El agravante de torturas o actos de barbarie conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Este juicio, el primero en Francia y en el mundo contra la dictadura de Pinochet, podría celebrarse como pronto el año próximo, informó la agencia española EFE citando a fuentes judiciales.
Un juicio "simbólico" y que concierne a los responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) u otros cuerpos que secundaron a Pinochet en su "labor de eliminación de la oposición", indicaron las fuentes.
La magistrada Sophie Clément, que instruyó el sumario, no hizo caso de la petición de la Fiscalía de sobreseer la causa contra tres de los 19 imputados inicialmente, incluido el que fuera el fundador de la Colonia Dignidad, Paul Schaefer.
Pinochet y el general Javier Palacios Ruhman, que figuraban entre los 19 procesados contra los que la justicia francesa emitió ordenes internacionales de arresto en 2001 y 2005, han sido retirados del procedimiento, ya que murieron el año pasado.
Entre los que serán juzgados se encuentra, además, de Schaefer, el que fuera el jefe de la policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras.
Aunque Pinochet ha sido retirado del procedimiento, ya que murió en diciembre, está mencionado en el voluminoso documento, de casi 200 páginas, elaborado por la magistrada instructora y que sitúa en su contexto la causa que será juzgada.
Además de Pinochet y Palacios, quien dirigió el asalto contra el Palacio de la Moneda, murió otro de los inculpados, Andrés Rigoberto Pacheco Cárdenas, pero el acta de defunción no ha llegado aún a manos de la justicia francesa.
Además de llevar a juicio a tres imputados para los que la Fiscalía quería sobreseer el caso, la juez instructora aplicó en todos los casos el agravante de torturas, que el Ministerio Público aplicaba en el caso de una sola de las cuatro víctimas.
La juez recibió un extenso informe que mostraba que la inmensa mayoría de las víctimas de la dictadura habían sido torturados.
Los cuatro franceses desaparecidos son Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández y fueron detenidos por agentes de la DINA entre 1973 y 1975.
La investigación judicial de estas desapariciones fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por sus familiares.
La abogada de una parte de las familias, Sophie Thonon, dijo a la agencia española Efe que "si hay voluntad política", el juicio podría celebrarse "rápidamente", quizás a finales de año.
"Los grandes criminales contra la humanidad son perseguidos muy tardíamente", de ahí que sea "casi un milagro" poder llevarlos al banquillo, indicó.
EFE C
Otros están haciendo lo que los jueces chilenos no hicieron.
Recordemos todos que Pinochet murió sin ser juzgado y por tanto no condenado.
los jueces chilenos tienen una deuda con chile al no haerse puesto los pantalones para juzgar a pinocho.son una tropa de vendidos y cobardes ...la mayoría
EL ESLOGAN ES HEMOSO Y A LA VEZ ME LLEGA MUCHO YA QUE MIS PADRES FUERRON DEL MAPU , COMUNISTA Y PPD Y LA HIJA SUIGO LA MISMA UN ABRAZO PARA EL PUEBLO PPD
http://www.elperiodicodearagon.com/
El Periódico (Aragón) - Aragón,Spain
"Pinochet, herencia envenenada", por Juan Guzmán
La dictadura militar ha dejado ataduras que impiden la independencia del sistema judicial
06/03/2007 JUAN Guzmán
En Chile, país que era considerado entre los más democráticos de América, se generó un golpe de Estado provocado por el Gobierno de Estados Unidos, numerosas multinacionales con poderosos intereses en Chile, un sector importante de las derechas y centro-derechas y ciertos medios de comunicación social, entre otros factores que en conjunto permitieron crear un clima de confusión y caos. Fue perpetrado por las Fuerzas Armadas chilenas que se alzaron en contra del Gobierno constitucional del presidente Salvador Allende y tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973, con lo que se dio inicio a la dictadura más sangrienta que ha habido en este país.
Varios años después, el 5 de octubre de 1988, conforme a los lineamientos constitucionales vigentes, se celebró un plebiscito por el cual el pueblo chileno votó contra la continuidad del Gobierno militar. A los pocos meses se celebraron elecciones populares, en las que resultó elegido presidente Patricio Aylwin Azócar. Desde entonces, Chile ha estado avanzando hacia la democracia, situación que no se establece en plenitud, dadas las ataduras legales y constitucionales consecuencia de la dictadura militar.
LAS PRINCIPALES trabas que dificultan el retorno a la democracia plena son la Constitución Política de la República de 1980, promulgada en pleno Gobierno de Augusto Pinochet, y la dependencia del sistema judicial a los otros poderes estatales. La falta de autonomía interna del sistema judicial, que unida a la dependencia política señalada, importan los peores escollos hacia la existencia de una justicia igualitaria que permita restablecer la paz social y la reconciliación.
La Constitución Política de 1980 ha sido parcialmente enmendada, pero presenta aún enormes ataduras que la hacen prácticamente pétrea e inmodificable. Se dictó para perpetuar un sistema binominal que hace imposible que se verifique toda modificación de la Constitución y de las leyes orgánicas constitucionales, debido a los altos niveles de quórum establecidos.
Como consecuencia de la reglamentación constitucional existente, el sistema judicial depende de los demás poderes estatales, lo que se materializa principalmente mediante la intervención del poder ejecutivo y del poder legislativo en los nombramientos de los miembros de la Corte Suprema.
¿Y cómo se verifican los nombramientos de los miembros de la Corte Suprema? El organismo forma una lista de cinco candidatos, entre los cuales el presidente de la República, de acuerdo con dos tercios de los votos de los miembros en ejercicio del Senado, designa al nuevo integrante de esta Corte. Antes de 1997, la Corte Suprema proponía una cinquena al presidente de la República y éste designaba al nuevo magistrado de dicho tribunal. Durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se introdujo esta enmienda con la referida intervención del Senado. Desde entonces, la politización se apoderó de la cúpula del poder judicial y de un importante número de sus jueces. Hoy, los candidatos a ser magistrados en esta Corte deben exteriorizar su tendencia política. Así, siempre mediante el consenso, resultará elegido una vez un partidario de la oposición y, en la otra vuelta, un partidario de la concertación. Desde que se estableció este sistema, en tres ocasiones han sido vetados por razones esencialmente políticas, por un tercio de los miembros en ejercicio del Senado, los nombramientos efectuados por el presidente de la República.
Otra forma de cercenar la independencia del poder judicial la constituye el denominado juicio político, por el cual no menos de 10 ni más de 20 diputados pueden formular acusaciones en contra de los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes, situación que resuelve la Cámara alta como jurado, limitándose a declarar por mayoría de votos si el acusado es o no culpable.
La falta de independencia interna de los jueces contribuye notablemente a dificultar el retorno pleno a la democracia. La Corte Suprema de Justicia, además de constituir un tribunal de casación, desarrolla la superintendencia disciplinaria respecto de todos los jueces de la República. Lo anterior implica que este alto tribunal califica con notas a todos los jueces, les impone medidas disciplinarias que pueden llegar hasta la destitución, como también a trasladarlos sin consulta de un punto a otro del país. Además, este organismo interviene en nombramientos y ascensos.
EXPLÍQUENOS cómo, con las herramientas con las que contamos, podría lograrse un sistema judicial independiente, que en tal caso podría constituir un verdadero poder. Podría, tal vez, adoptarse un sistema como el español o como el francés del Consejo Superior de la Magistratura. Debería, para lograrse esta anhelada independencia, previamente reformarse la Constitución y, para ello, se requiere del voto de tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
* Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile
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