ATENCIÓN PUEBLO PPD !!!
Ex auditor del Ejército
y coronel (R) Ibarra
procesados por asociación ilícita.
Juez acredita uso de gas sarín y procesa a
ex fiscal Torres Silva
Fuente: La Nación de hoy
Periodista: Jorge Escalante
Dos resoluciones que marcan hitos en los juicios por violación de los derechos humanos tomó ayer el ministro Alejandro Madrid. Afirmó que el asesinato del ex cabo de Ejército Manuel Leyton se ejecutó utilizando gas sarín y procesó por este delito a trece ex agentes de la DINA. Paralelamente, sometió a proceso por asociación ilícita al ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, justamente en el caso del asesinato del químico que produjo el elemento venenoso en los servicios de seguridad, Eugenio Berríos.
Por primera vez en un proceso por violaciones a los derechos humanos de aquellos que se instruyen en Chile, un juez dio por acreditado que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) utilizó el gas sarín para eliminar personas. El magistrado Alejandro Madrid estableció que el ex agente de ese organismo, cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, fue muerto por los propios agentes en marzo de 1977 utilizando “el denominado gas sarín”, pero la información oficial entregada por el Ejército a su familia fue que la muerte se produjo “por causas naturales”.
Por este caso el juez Madrid procesó ayer y decretó el arresto de 13 ex agentes, entre ellos cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro y la Agrupación Aguila.
Todos ellos fueron encausados, algunos en calidad de autores y otros como cómplices y encubridores, por los delitos de asociación ilícita criminal, secuestro, homicidio calificado y falsificación de instrumento público.
En una segunda resolución y esta vez por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, el magistrado encausó y decretó la detención del ex auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y del coronel (R) y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Este último fue el segundo de esa auditoría bajo Torres Silva durante el primer período de la década de los años 90. Ambos fueron procesados como autores del delito de asociación ilícita criminal.
Además, en esta misma resolución el juez también encausó y decretó el arresto de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita criminal. Ambos suboficiales fueron los custodios que el ex químico Berríos tuvo en Uruguay mientras permaneció secuestrado, y a éstos Berríos confesó su deseo de volver a Chile a entregar a la justicia antecedentes acerca de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y diplomático chileno-español Carmelo Soria.
Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991, mediante una compleja operación planificada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Auditoría que comandaba el general Torres Silva
Luego de ser ejecutado, presumiblemente en 1993, el cuerpo de Berríos apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo.
Por el crimen de Berríos permanecían hasta ahora procesados 17 oficiales y suboficiales (R), varios de ellos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entre los procesados figuran los oficiales uruguayos extraditados a Chile, coronel (R) Tomás Cassella Santos, el coronel en servicio activo Eduardo Radaelli Coppola, y el coronel activo Wellington Sarli Pose.
Conexión Lautaro
En su resolución acerca del crimen del cabo Leyton, el juez Madrid estableció una conexión entre la Brigada Lautaro que comandó el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, y el cuartel en que operó esta brigada ubicado en la Avenida Simón Bolívar 8630, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas completas del Partido Comunista.
La indagatoria logró acreditar que el cabo Leyton, quien junto a otros agentes se había dedicado a robar vehículos de personas que iban siendo detenidas, fue llevado por agentes de la DINA a ese cuartel, luego de que Carabineros ubicara en su casa un vehículo que estaba siendo buscado, por lo que lo detuvo y le entregó a la DINA.
El juez no logró establecer si al cabo Leyton se le aplicó el gas Sarín en el mismo cuartel de Simón Bolívar -como sí se hizo con otros detenidos según la investigación del ministro Víctor Montiglio en el proceso por Calle Conferencia- o si el gas se le lanzó al interior de la clínica London de la DINA, que operó en calle Almirante Barroso en Santiago Centro.
Según el auto de procesamiento, “el cabo Leyton fue llevado por agentes de la DINA al cuartel de calle Simón Bolívar, siendo después trasladado a la denominada “Clínica London”, donde estuvo privado de libertad y posteriormente falleció".
El juez Madrid dijo que “se presume con fundamento, que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado Gas Sarín”.
El asesinato del ex agente de la DINA
Manuel Leyton
En el caso de la muerte del cabo Manuel Leyton, el juez Madrid estableció en su fallo de procesamiento que cuando al interior del Ejército se conoció que la real causa de muerte del agente se produjo a causa del gas Sarín, y luego de que su cuerpo ya había sido entregado a su familia, “se suspendió el velatorio y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para una autopsia, pero portando documentos falsos”.
Agrega la resolución que “luego de ser presionados los directivos superiores del SML, se obtuvo un protocolo de autopsia, así como informes de exámenes químico-toxicológicos y de anatomía patológica, que no fueron fidedignos. Como tampoco lo fueron la historia clínica de atención médica y hoja de enfermería del cabo Leyton, las que aparecen confeccionadas en la Clínica London y firmadas por facultativos pertenecientes a la DINA”.
El motivo por el cual la DINA decidió asesinar a Leyton, habría sido que éste habría entregado información a Carabineros, que él y otros agentes robaban vehículos de personas que detenían, para aumentar la dotación móvil de los grupos operativos de la DINA.
Por el secuestro y homicidio del cabo Manuel Leyton, fueron procesados:
Los médicos de la DINA Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton.
Operación “Control de Bajas”
La participación del ex auditor y fiscal del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, en el caso Berríos, al igual que la del coronel (R) Enrique Ibarra, tiene que ver con la operación llamada “Control de Bajas”.
Esta consistió en sacar del país en forma clandestina para sustrarlos de los tribunales, a los agentes que, a comienzos de la década de los años 90, habían entrado en serio conflicto con la justicia, o sabían mucho como el caso de Berríos.
De esa forma sacaron al ex químico, al ex agente Arturo Sanhueza Ros involucrado en la Operación Albania, y a Carlos Herrera Jiménez, uno de los autores del crimen de Tucapel Jiménez.
A través del seguimiento detallado de todas las causas por violaciones a los derechos humanos, la Auditoría de Torres Silva e Ibarra, aportaban toda la información a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, para que ésta dirección diseñara “los cursos ilícitos de acción a seguir respecto de quienes eran requeridos por la justicia”.
De esta manera, en la investigación se estableció que entre la Auditoría de Torres Silva y la DINE que entonces dirigía el general Hernán Ramírez Rurange y después el general Eugenio Covarrubias, se bloqueó la acción de los jueces que indagaban las causas.
Igualmente, entre ambas instancias militares se preocuparon de aportar información falsa o distractiva a los jueces.
DEJA TU OPINIÓN :
Ex auditor del Ejército
y coronel (R) Ibarra
procesados por asociación ilícita.
Juez acredita uso de gas sarín y procesa a
ex fiscal Torres Silva
Fuente: La Nación de hoy
Periodista: Jorge Escalante
Dos resoluciones que marcan hitos en los juicios por violación de los derechos humanos tomó ayer el ministro Alejandro Madrid. Afirmó que el asesinato del ex cabo de Ejército Manuel Leyton se ejecutó utilizando gas sarín y procesó por este delito a trece ex agentes de la DINA. Paralelamente, sometió a proceso por asociación ilícita al ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, justamente en el caso del asesinato del químico que produjo el elemento venenoso en los servicios de seguridad, Eugenio Berríos.
Por primera vez en un proceso por violaciones a los derechos humanos de aquellos que se instruyen en Chile, un juez dio por acreditado que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) utilizó el gas sarín para eliminar personas. El magistrado Alejandro Madrid estableció que el ex agente de ese organismo, cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, fue muerto por los propios agentes en marzo de 1977 utilizando “el denominado gas sarín”, pero la información oficial entregada por el Ejército a su familia fue que la muerte se produjo “por causas naturales”.
Por este caso el juez Madrid procesó ayer y decretó el arresto de 13 ex agentes, entre ellos cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro y la Agrupación Aguila.
Todos ellos fueron encausados, algunos en calidad de autores y otros como cómplices y encubridores, por los delitos de asociación ilícita criminal, secuestro, homicidio calificado y falsificación de instrumento público.
En una segunda resolución y esta vez por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, el magistrado encausó y decretó la detención del ex auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y del coronel (R) y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Este último fue el segundo de esa auditoría bajo Torres Silva durante el primer período de la década de los años 90. Ambos fueron procesados como autores del delito de asociación ilícita criminal.
Además, en esta misma resolución el juez también encausó y decretó el arresto de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita criminal. Ambos suboficiales fueron los custodios que el ex químico Berríos tuvo en Uruguay mientras permaneció secuestrado, y a éstos Berríos confesó su deseo de volver a Chile a entregar a la justicia antecedentes acerca de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y diplomático chileno-español Carmelo Soria.
Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991, mediante una compleja operación planificada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Auditoría que comandaba el general Torres Silva
Luego de ser ejecutado, presumiblemente en 1993, el cuerpo de Berríos apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo.
Por el crimen de Berríos permanecían hasta ahora procesados 17 oficiales y suboficiales (R), varios de ellos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entre los procesados figuran los oficiales uruguayos extraditados a Chile, coronel (R) Tomás Cassella Santos, el coronel en servicio activo Eduardo Radaelli Coppola, y el coronel activo Wellington Sarli Pose.
Conexión Lautaro
En su resolución acerca del crimen del cabo Leyton, el juez Madrid estableció una conexión entre la Brigada Lautaro que comandó el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, y el cuartel en que operó esta brigada ubicado en la Avenida Simón Bolívar 8630, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas completas del Partido Comunista.
La indagatoria logró acreditar que el cabo Leyton, quien junto a otros agentes se había dedicado a robar vehículos de personas que iban siendo detenidas, fue llevado por agentes de la DINA a ese cuartel, luego de que Carabineros ubicara en su casa un vehículo que estaba siendo buscado, por lo que lo detuvo y le entregó a la DINA.
El juez no logró establecer si al cabo Leyton se le aplicó el gas Sarín en el mismo cuartel de Simón Bolívar -como sí se hizo con otros detenidos según la investigación del ministro Víctor Montiglio en el proceso por Calle Conferencia- o si el gas se le lanzó al interior de la clínica London de la DINA, que operó en calle Almirante Barroso en Santiago Centro.
Según el auto de procesamiento, “el cabo Leyton fue llevado por agentes de la DINA al cuartel de calle Simón Bolívar, siendo después trasladado a la denominada “Clínica London”, donde estuvo privado de libertad y posteriormente falleció".
El juez Madrid dijo que “se presume con fundamento, que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado Gas Sarín”.
El asesinato del ex agente de la DINA
Manuel Leyton
En el caso de la muerte del cabo Manuel Leyton, el juez Madrid estableció en su fallo de procesamiento que cuando al interior del Ejército se conoció que la real causa de muerte del agente se produjo a causa del gas Sarín, y luego de que su cuerpo ya había sido entregado a su familia, “se suspendió el velatorio y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para una autopsia, pero portando documentos falsos”.
Agrega la resolución que “luego de ser presionados los directivos superiores del SML, se obtuvo un protocolo de autopsia, así como informes de exámenes químico-toxicológicos y de anatomía patológica, que no fueron fidedignos. Como tampoco lo fueron la historia clínica de atención médica y hoja de enfermería del cabo Leyton, las que aparecen confeccionadas en la Clínica London y firmadas por facultativos pertenecientes a la DINA”.
El motivo por el cual la DINA decidió asesinar a Leyton, habría sido que éste habría entregado información a Carabineros, que él y otros agentes robaban vehículos de personas que detenían, para aumentar la dotación móvil de los grupos operativos de la DINA.
Por el secuestro y homicidio del cabo Manuel Leyton, fueron procesados:
Los médicos de la DINA Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton.
Operación “Control de Bajas”
La participación del ex auditor y fiscal del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, en el caso Berríos, al igual que la del coronel (R) Enrique Ibarra, tiene que ver con la operación llamada “Control de Bajas”.
Esta consistió en sacar del país en forma clandestina para sustrarlos de los tribunales, a los agentes que, a comienzos de la década de los años 90, habían entrado en serio conflicto con la justicia, o sabían mucho como el caso de Berríos.
De esa forma sacaron al ex químico, al ex agente Arturo Sanhueza Ros involucrado en la Operación Albania, y a Carlos Herrera Jiménez, uno de los autores del crimen de Tucapel Jiménez.
A través del seguimiento detallado de todas las causas por violaciones a los derechos humanos, la Auditoría de Torres Silva e Ibarra, aportaban toda la información a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, para que ésta dirección diseñara “los cursos ilícitos de acción a seguir respecto de quienes eran requeridos por la justicia”.
De esta manera, en la investigación se estableció que entre la Auditoría de Torres Silva y la DINE que entonces dirigía el general Hernán Ramírez Rurange y después el general Eugenio Covarrubias, se bloqueó la acción de los jueces que indagaban las causas.
Igualmente, entre ambas instancias militares se preocuparon de aportar información falsa o distractiva a los jueces.
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posted by puebloppd at 6:05 a. m.
6 Comments:
Un nuevo chancho fue ubicado por nuestra comisión, esta vez se trato de Roberto Alejandro Reveco Díaz este cumplió funciones como actuario de Fernando Torres Silva, el fiscal militar favorito de Pinochet que tuvo a su cargo decenas de procesos en contra de prisioneros políticos.
Como actuario, Reveco era el vínculo directo de Torres con la CNI, siendo quien interrogaba prisioneros aun en mal estado por efecto de las torturas a que eran sometidos en los cuarteles secretos de dicha organización ilícita terrorista. De hecho, muchos de ellos fueron llevados a interrogatorios en los que recuerdan que Reveco ponía su arma sobre el escritorio y continuaba la intimidación a que eran sometidos en el Cuartel Borgoño. En este mismo recinto, diversos prisioneros políticos aseguran que escucharon su voz en más de una oportunidad.
Para saber que tipo de situaciones es cómplice Roberto Reveco, basta con recordar el caso de Sergio Bushmann, quien además de ser torturado brutalmente sufrió la agresión de decenas de ratones que le fueron metidos entre sus ropas, las que fueron amarradas para que no se escaparan. El tratamiento “normal” en contra de los prisioneros políticos incluía corriente en zonas sensibles como vagina o testículos, ano, senos y pene.
Hoy, este cómplice de torturas, sigue siendo parte de la “Justicia Militar” como Fiscal, mientras trata de limpiar su imagen haciendo clases de Derecho Procesal en la sede de Criminalística Forense de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. Lugar en que se presenta como: “Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Diplomado en Reforma Procesal y Litigación Oral. Fiscal Militar”
A los alumnos de este complice de torturas les decimos, no le crean nada, funenlo en su clase, exijan que lo remuevan de su cargo.
Como siempre agradecemos a todos los que nos acompañaron, a multiplicar las funas, los asesinos, torturadores y cómplices no pueden andar tranquilos por las calles deben estar en la carcel, donde pertenecen.
Anda, que interesante.
Caso Leyton: Colegio Médico abre sumario a doctores
La Nación
Tras los procesamientos dictados por el ministro Alejandro Madrid por el crimen del ex agente de la DINA, Manuel Jesús Leyton, el Colegio Médico condenó el actuar de los cuatro doctores encausados e indicó que en su mayoría están desafiliados o expulsados de la institución.
Son los otrora miembros del Departamento de Sanidad de la DINA que operaba la clínica London Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Teplisky y Hernán Taricco Lavín. Los dos primeros quedaron presos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), mientras que los otros en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.
“El Colegio Médico reitera su compromiso con la vida y el respeto por los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la reforma constitucional que devolvió la tuición ética a los colegios profesionales, no contamos con los mecanismos para realizar sumarios éticos en el caso de médicos desafiliados a esta institución”, indicaron.
Orvietto fue sancionado con la expulsión del Colegio Médico de Chile en septiembre del 2005, como resultado de un sumario ético por su participación en violaciones de los derechos humanos en Tejas Verdes.
En tanto, Pedro Valdivia Soto es uno de los médicos que son investigados en el sumario que actualmente realiza el Tribunal Nacional de Ética, para determinar la participación de doctores colegiados en los confusos hechos que rodearon la muerte del ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva.
También fueron procesadas las ex enfermeras Eliana Bolomburú Taboada -recluida en la Escuela de Gendarmería- y la oficial en retiro Gladys Calderón Carreño, quien ya se encontraba detenida en Peñalolén. Además, fueron encausados los coroneles (R) Juan Morales Salgado, jefe de la brigada Lautaro, y Ricardo Lorens, quién pertenecía a Carabineros.
Asimismo, fueron notificados cinco integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro: Vianel Valdivieso, Hernán Sovino, Santiago Mateo, Lorenzo Toro y Federico Chaigneau.
Torres Silva le recomendo a Pinochet que fuera a operarse a Inglaterra porque era seguro
26 de Julio de 2007
Caso Berríos: Niegan la libertad bajo fianza a Fernando Torres Silva
El ministro en visita del caso Berríos, Alejandro Madrid, negó este jueves la libertad bajo fianza a los últimos procesados en la causa.
El beneficio había sido requerido por el ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva y el abogado de la Auditoría de la institución Enrique Ibarra, quienes se encuentran en el penal Cordillera.
Lo mismo habían solicitado los suboficiales Marcelo Román y Nelson Sandoval, procesados el secuestro del ex químico de la DINA.
La determinación, basada en el existencia de diligencias pendientes, será revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Otro apunte más...el Juez Joaquín Billard condenó a dos ex uniformados por el crimen de cuatro partidarios de la UP en la Cuesta Barriga; uno de ellos era gerente de la Radio Santiago en 1973 y, aparentemente, está emparentado con el ex "honorable" Waldo Mora Longa (actual dueño de la emisora AM citada).
Las vueltas de la vida...Clínica London y The London Clinic. ¡Cómo se dan vuelta las cosas! Saludos cordiales.
P.D.: ¡Funa en la UTEM!
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